Estos campesinos de Sonoma pidieron un aumento y perdieron su empleo. Pero no se quedaron callados

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A sólo unos metros de hoteles de lujo y salas de degustación, trabajadores agrícolas y activistas laborales se manifestaron el 28 de mayo en Healdsburg, el núcleo de la multimillonaria industria vinícola del condado de Sonoma, para anunciar un acuerdo con Redwood Empire Vineyard Management (o REVM por sus siglas en inglés), una empresa de gestión de viñedos con sede en Geyserville.

“¿Tienen miedo? ¡No! ¿Están cansados? ¡No!”, gritaban los trabajadores.

REVM pagará 33 mil 548 dólares a siete empleados después de que la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas (o ALRB por sus siglas en inglés) del estado determinara que la empresa se negó a ofrecerles trabajo por haber formado parte de iniciativas para mejorar las condiciones laborales. La ALRB también descubrió que REVM obligó a los trabajadores agrícolas el año pasado a firmar un contrato en el que se comprometían a ser despedidos inmediatamente si intentaban renegociar su sueldo.

• Ir directo a: Qué hacer si le ocurre algo similar

Según funcionarios estatales, las acciones de la empresa se consideran prácticas laborales injustas que violan la Ley de Relaciones Laborales Agrícolas de California.

“Todos tenemos derecho a organizarnos con nuestros compañeros de trabajo para exigir mejores condiciones laborales y no sufrir represalias”, afirmó Yesenia De Luna, directora regional de la ALRB. “En este caso, los trabajadores asistían a protestas y marchas para exigir mejores salarios. Eso es una condición laboral”.

REVM no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios por parte de KQED.

José Alejandro Cuevas Fuentes y Yolanda Prida González son algunos de los trabajadores agrícolas que colaboraron con la investigación de la ALRB. Ambos trabajaron para REVM durante varios años, ayudando a cuidar y cosechar los numerosos viñedos que la empresa gestiona en la región. Pero las cosas cambiaron cuando asistieron a una marcha el 28 de julio en Healdsburg,  cuando cientos trabajadores agrícolas salieron a las calles a reclamar salarios más altos que tomen en cuenta los riesgos que corren durante la temporada de incendios forestales.

“Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse feas”, dijo Cuevas Fuentes, y añadió que un compañero le avisó de que los jefes habían visto una foto suya en la marcha tomada por el periódico The Press Democrat. El 14 de agosto, Cuevas Fuentes intentó asistir a una reunión organizada por REVM para quienes iban a trabajar en la cosecha del otoño de 2024, pero fue impedido por la dirección de la empresa, que le señaló que su nombre ya no aparecía en la lista del equipo de trabajo a pesar de sus años de experiencia en la cosecha.

“Cuando Alejandro me dijo que lo habían rechazado para la cosecha, Ese fue el impacto para mí que me dio la depresión”, dijo Prida González, pareja de Cuevas Fuentes. Juntos están criando a dos hijas. Para entonces, ella también había sido despedida por REVM. “Estaba muy decepcionada con mis jefes porque había trabajado con ellos durante muchos años, pero lo único que recibí de ellos fue su rechazo e indiferencia”, dijo.

Con la ayuda del grupo de derechos laborales North Bay Jobs With Justice, la pareja, junto con cinco compañeros de trabajo, presentaron denuncias ante la ALRB, que inició una investigación de varios meses que incluyó entrevistas con empleados y directivos de REVM. La pareja aún tenía que encontrar una forma de pagar las facturas y mantener a sus hijas mientras continuaba la investigación.

“Todo esto hizo que mi depresión fuera mucho más difícil. No quiero que los compañeros sufran lo mismo”, dijo Prida González. “Quiero que todos mis compañeros comprendan que tienen estos derechos y que dejen de lado el miedo a alzar la voz”.

El miedo, la falta de información y la intimidación por parte de la dirección son factores que dificultan enormemente que los trabajadores agrícolas busquen ayuda, según Armando Elenes, secretario tesorero de United Farm Workers, quien habla con trabajadores de todo el estado sobre sus derechos.

Aunque California cuenta con mecanismos para exigir a los empleadores que sigan la ley, Elenes añadió: “Muchos trabajadores simplemente aceptan las represalias y se van a otro empleador”.

“Cuantos más trabajadores se unan y formen sindicatos o emprendan acciones conjuntas, más podremos hacer frente a estos problemas”, afirmó. “La clave está en que los trabajadores participen y formen parte del proceso, eso es lo que hace que todo lo demás funcione”.

Como parte del acuerdo, REVM ya no exigirá a los empleados que firmen un contrato con cláusulas que amenacen con el despido por solicitar salarios más altos. Además, la empresa se ha comprometido con la ALRB a respetar los derechos de sus empleados a organizarse para mejorar sus condiciones laborales. En las próximas semanas, funcionarios de la ALRB hablarán con los trabajadores agrícolas de REVM sobre los derechos que les protegen y cómo identificar posibles represalias.

Los siete trabajadores del caso también tienen la oportunidad de volver a REVM. Por el momento, Cuevas Fuentes no volverá, pero Prida González sí ha regresado para asegurarse de que la empresa cumple su parte del acuerdo.

“Los trabajadores necesitamos ver cambios”, afirmó, y añadió que cree que su regreso a la empresa demostrará a sus compañeros que arriesgarse a alzar la voz tiene resultados. “Las cosas tienen que mejorar”.

¿Qué pasaría si a usted le ocurre algo similar en su trabajo?

KQED tiene una guía disponible sobre qué hacer si usted es trabajador agrícola y su empleador ha tomado represalias contra usted por denunciar sus condiciones laborales.

Si no es trabajador agrícola, siga leyendo para conocer la opinión de abogados expertos en derecho laboral en California y saber qué derechos y protecciones tienen todos los trabajadores cuando solicitan un aumento salarial.

Los riesgos de hacer algo por su cuenta

¿Quiere hablar con su jefe sobre cuánto le pagan? Por lo general, estará más protegido si lo hace junto con sus compañeros de trabajo, según Juan Villalvazo, abogado especializado en derechos laborales de La Raza Centro Legal, un grupo de asistencia jurídica en San Francisco.

Si se dirige a su jefe por su cuenta con el único objetivo de hablar sobre su salario, la situación podría ser muy diferente, afirma Villalvazo. En California, tener un trabajo se considera de “voluntad propia”, lo que significa que un empleador puede despedir a un trabajador en cualquier momento. Por supuesto, el empleo de voluntad propia también significa que un empleado puede renunciar en cualquier momento, pero le da “al empleador mucha deferencia y protección”, dice Villalvazo, y “su empleador tiene derecho a despedirlo por cualquier motivo, siempre y cuando el motivo subyacente no sea ilegal”.

¿Qué sería ilegal en este caso? Un empleador podría tener problemas si el motivo por el que despide a alguien es discriminatorio (por motivos de raza, religión, género, discapacidad, orientación sexual u otra categoría protegida) o para tomar represalias contra un empleado que haya participado en una “actividad protegida”, como denunciar condiciones de trabajo inseguras.

Pero cuando la conversación que quiera tener con su jefe es solo sobre su salario individual, la ley le da a su empleador mucho más poder. Podría acudir a su jefe y pedirle un aumento, dijo Villalvazo, pero “no solo no están obligados a concedérselo, sino que podrían despedirle y decirle: ‘Bueno, voy a contratar a alguien que esté contento con el salario'”.

Michael Palmer, socio de Sanford Heisler Sharp McKnight, un bufete que ofrece servicios jurídicos a los trabajadores, coincidió en que los empleados son más vulnerables cuando actúan solos.

“Los empleados se encuentran en una posición mucho más sólida desde el punto de vista jurídico si plantean sus preocupaciones sobre su sueldo, no solo en nombre propio, sino también en nombre de los demás”, afirmó.

La unión hace la fuerza

Acudir a su jefe para hablar sobre el salario, esta vez acompañado de sus compañeros de trabajo que tienen las mismas preocupaciones sobre su propia remuneración, no solo le coloca en una posición más fuerte para negociar, sino que también le proporciona una capa de protección legal, afirma Palmer.

Esto se debe a que las leyes estatales y federales protegen el derecho de los trabajadores a participar en “actividades concertadas”, lo que se define como cualquier acción emprendida por los empleados en nombre de un grupo, no solo en nombre propio, explica Palmer. “Puede tratarse de una acción emprendida como grupo, o puede ser un individuo que toma la iniciativa y plantea las inquietudes en nombre de otras personas”, afirma.

Un ejemplo muy conocido de actividad concertada es la formación de un sindicato por parte de los trabajadores. Sin embargo, la Ley Nacional de Relaciones Laborales protege los derechos de todos los empleados a buscar mejores condiciones, no solo los que forman parte de un sindicato. La Ley nacional de relaciones laborales, aprobada por el Congreso tras décadas de organización liderada por los trabajadores, protege el derecho de los trabajadores a:

• Hablar entre sí sobre sus salarios y condiciones laborales.
• Hacer circular una petición para solicitar mejores horarios.
• Participar en un rechazo colectivo a trabajar en condiciones inseguras.
• Hablar, junto con sus compañeros de trabajo, con su empleador, con organismos gubernamentales o con los medios de comunicación sobre los problemas en su lugar de trabajo.

La Junta Nacional de Relaciones Laborales, que vela por el cumplimiento de las leyes laborales a nivel federal, advierte que los empleados podrían perder sus protecciones si se comunican con su empleador de una manera que pueda considerarse “gravemente ofensiva o deliberadamente falsa” o si “desprestigian públicamente” los productos del empleador de una manera que no esté relacionada con los asuntos laborales.

Por eso, Palmer recomienda a los empleados que siempre “planteen sus inquietudes con respeto” pero a la misma vez, “con seguridad”.

¿Puede un contrato prohibirle hablar sobre un aumento salarial?

En el caso de los trabajadores agrícolas del condado de Sonoma, su empleador incluyó una cláusula en su contrato que amenazaba con el despido inmediato si los empleados hablaban sobre sus salarios. Los funcionarios de la ARLB determinaron que la cláusula violaba la ley estatal que protege los derechos de los trabajadores agrícolas a negociar colectivamente.

“Ese contrato básicamente les impide siquiera empezar a organizarse o hablar sobre ello”, dijo De Luna, de la ALRB.

Pero si usted trabaja en otro sector que no es el agrícola, ¿puede su empleador añadir una cláusula en su contrato de trabajo que le impida a usted o a sus compañeros pedir un aumento de sueldo?

Eso seguiría siendo una violación de la ley, afirmó Villavalzo, de La Raza Centro Legal. “Como grupo, tienen derecho a discutir entre ustedes los salarios, las prestaciones y las condiciones en el lugar de trabajo”, afirmó.

Palmer, de Sanford Heisler Sharp McKnight, dijo que el contrato que REVM ofreció a los trabajadores en 2024 restringe a los empleados la posibilidad de participar en una amplia gama de acciones, incluidas las actividades en grupo.

“Es un intento claro de impedir que los empleados se comuniquen con sus compañeros sobre las preocupaciones que tienen”, afirmó Palmer. Si bien los empleadores pueden despedir a los trabajadores que inician peleas o crean un entorno de trabajo inseguro, “eso no es lo que pretende este tipo de disposición”, señaló. En cambio, “se trata simplemente de una exigencia clara de que los empleados no participen en ningún tipo de actividad concertada ni se comuniquen sobre las condiciones de trabajo”.

Cómo hablar con su jefe sobre el sueldo: lo que sugieren los expertos legales

Según Palmer, es importante que los trabajadores se sientan cómodos expresando “que conocen su valor”, pero afirma que “siempre existe un riesgo” al pedir un aumento.

Si usted y otros compañeros creen que lo que se les paga no equivale el trabajo que realizan y piensan que tienen argumentos sólidos, hay cosas que pueden hacer para protegerse durante y después de las conversaciones con su empleador.

En primer lugar, recuerde que estará más protegido si solicita un aumento “como parte de una acción concertada en la que hace la solicitud junto con otros”, dijo Palmer. Pero también es una buena idea comprobar con antelación qué remuneración reciben otras personas por realizar un trabajo similar en otros lugares, añadió.

Villalvazo destaca la importancia de mantener buenas relaciones con los compañeros de trabajo. “Si es amigo de sus compañeros de trabajo, será más fácil trabajar en equipo”, afirma.

Villalvazo también recomienda llevar un registro escrito de las conversaciones que mantenga con sus compañeros de trabajo, cuando decidan entre todos qué solicitar, y con su empleador cuando presente la solicitud. La comunicación escrita no tiene por qué ser muy formal, afirma, “puede ser simplemente un mensaje de texto”.

Si utiliza WhatsApp para hablar de asuntos laborales, tenga en cuenta que la aplicación permite a un usuario individual eliminar mensajes y chats para todas las demás personas que forman parte del grupo. Puede considerar la posibilidad de hacer capturas de pantalla del chat para mantener un registro de las conversaciones, o incluso proponer a sus compañeros que se comuniquen a través de otra aplicación.

Villalvazo señala que, en muchos lugares de trabajo de California, algunos empleados trabajan con un estatus migratorio legal, mientras que otros pueden no tenerlo. “Mantenga la solidaridad con todos sus compañeros de trabajo, independientemente de su estatus migratorio, porque al fin y al cabo, todos ustedes comparten muchos de los mismos derechos”, afirma.

Y si usted y sus colegas creen que su empleador les redujo el salario o los despidió por solicitar un aumento de manera colectiva, pueden presentar una queja ante la Oficina del Comisionado Laboral del estado. Puede presentar una queja por represalias en línea o llamando al 714-558-4913.

Aunque puede tomar varios meses para que una queja sea procesada por la Oficina del Comisionado de Trabajo, la agencia tiene la autoridad para investigar a los empleadores, imponer sanciones y restituir a ciertos trabajadores sus salarios perdidos o sus empleos.

Este artículo fue traducido por la periodista María Peña y esa traducción fue editada por el periodista Carlos Cabrera-Lomelí.